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miércoles, 17 de mayo de 2017

EL GOBIERNO AMENAZA CON DAR OTRO HACHAZO A LA ESTABILIDAD DEL PROFESORADO Y A LA CALIDAD EDUCATIVA

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SUPONE UN NUEVO ATAQUE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL COLECTIVO DE DOCENTES INTERINOS.

Mientras siguen incrementando los fondos públicos dedicados a la educación concertada, los destinados a la educación pública siguen descendiendo en el anteproyecto de ley de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, quedando reducido para este año lo destinado en el PIB al ámbito de la educación pública por debajo del 4%, un hecho lamentable y preocupante que sigue condenando a nuestros alumnos y alumnas a aguantar aumentos inevitables de ratios por clase, perdida de desdobles, de programas de apoyo y atención a la diversidad, reducción continua del número de docentes que componen las plantillas de los centros de educación pública de nuestro país, etc. 

A esta línea continuista en el acoso y derribo contra nuestra educación pública por parte del gobierno popular se suma ahora la inclusión en este anteproyecto de un artículo, el 19.2, que explicita literalmente que el contrato del personal interino no podrá ser superior a tres años. Si se aprobaran estos presupuestos (Ley estatal de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas), ninguna interina o interino podría estar contratada por una misma Administración Pública durante más de tres años. Algo que supondría el despido masivo de miles de personas que llevan años prestando sus servicios a la administración, y que sería intercambiadas por otras, desechando su valiosa experiencia y contribuyendo a ahondar en la precarización laboral del personal interino y en el deterioro continuo de la calidad educativa que ofrecemos a nuestro alumnado por cuanto se convertirá en un fenómeno crónico la variabilidad e inestabilidad de las plantillas de los centros educativos públicos impidiendo el desarrollo de proyectos educativos colectivos, coordinados e integradores a largo plazo.

Ante este nuevo ataque y en defensa del sistema público de educación, Marea Verde no descarta llevar a cabo movilizaciones  o medidas de cualquier tipo para exigir la supresión de dicho artículo, denunciando y recalcando públicamente la situación que venimos sufriendo desde hace años de desmantelamiento absoluto del sistema público de educación, y la falta de respeto de los gobiernos estatales y autonómico hacia la educación pública, sus trabajadoras y trabajadores, su alumnado y sus familias.




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